Justicia policial sin jueces
El 4% del tráfico de internet. Hasta que el 20 de enero de 2012 el FBI arrestó a cuatro miembros de Megaupload, la empresa líder en alojamiento web. Acusada por conspiración para cometer un crimen organizado; conspiración para cometer una infracción de copyright; conspiración para lavado de dinero y violación de copyright. Ese día, 180 millones de usuarios en todo el mundo perdieron el acceso a sus datos, tuvieran o no licencia de copyright. Los usuarios de España (el 64% de la población según el último estudio de Telefónica) representan el 2,2% del tráfico de datos en la red.
Pero, ¿qué es Megaupload? Internet, la red de redes, está “alojada” en servidores repartidos por todo el mundo. Para que la información pueda ser compartida, debe estar en estos “discos duros” gigantes. Por un precio que oscila de 10 a 200 euros, Megaupload nos cedía sus servidores para alojar cualquier archivo. Entiéndase por archivo: documento, imagen, audio, vídeo, programa,... (unos y ceros). Por supuesto, la empresa debe respetar la privacidad de estos datos y sólo puede actuar para eliminar un archivo cuando haya una denuncia por parte del, se presupone, propietario de los derechos de copyright, al que se puede estar perjudicando con la publicación sin permiso de un libro, canción o película.
En este caso, el FBI ha arrasado con todo y difícilmente los usuarios podrán recuperar sus archivos. Si esta batalla legislativo-policial es contra el lucro por medio de la publicación de estos archivos, está justificada. Por el contrario, si es contra el intercambio de archivos, la mal llamada lucha “antipiratería” es inútil, y las sentencias judiciales dan cuenta de ello. Es cuestión de tiempo que se extienda el uso de programas P2P (emule, ares, bittorrent,...) anómimos, como Freenet, i2p, Ants, Mute, Nodezilla, Perfect Dark,... La difusión de la Cultura a través de la red está a salvo, aunque sea necesario cifrar los datos de tal forma que no pueda saberse qué archivos están viajando por la red de redes.