Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Los países miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a dar cumplimiento a la carta, incluso al artículo 19, pero eso no ha impedido que algunos supriman a sus propios medios de noticias y obstruyan el acceso a las noticias internacionales. Algunos periodistas han sido
asesinados, encarcelados o exiliados por tratar de cumplir con su cometido.
Danilo Arbilla, miembro de la Asociación Interamericana de Prensa y de la publicación Búsqueda de Uruguay, dice que la mejor ley de prensa es la que no existe. En el mundo ideal, agrega, la legislación que rigiera la libertad de prensa no ocuparía más de un par de páginas “con cláusulas claras, redactadas con franqueza, que prohibieran cualquier intento de acotar... la libertad de expresión”. No hace falta decir que el mundo no es un lugar ideal. Las leyes de prensa varían mucho en todo el planeta, al grado que no es posible resumirlas todas. Algunos países democráticos tienen leyes que garantizan el acceso de los periodistas a la información pública, mientras que otros limitan la información que puede ser publicada o transmitida. En algunas naciones es ilegal decir el nombre de las víctimas de delitos sexuales o de los jóvenes acusados de actividades delictivas. Incluso en un mismo país puede haber diferencias en las leyes locales sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, si un periodista puede ser obligado a divulgar el nombre de un informante confidencial o a entregar sus notas de trabajo a un tribunal de justicia y en qué circunstancias debe hacerlo. Baste decir que el periodista tiene que estar al tanto de las leyes vigentes en los países donde trabaja, y de los esfuerzos que se realizan para revocar las leyes restrictivas.
Una de las cuestiones legales más comunes que los periodistas enfrentan es el tema de la calumnia o la difamación. En Estados Unidos, la difamación se define como una declaración de hechos sustancialmente falsa que tiende a dañar la reputación de una persona cuya identidad se señala. La difamación recibe el nombre de “libelo” cuando la declaración se publica en los medios impresos y se llama “calumnia” cuando es transmitida por los medios electrónicos, pero los parámetros básicos son los mismos. En términos generales, si una declaración es verdadera no puede ser difamatoria. Por lo tanto, el periodista debe confirmar en forma independiente los comentarios de sus informantes que puedan ser difamatorios para alguna persona.
A medida que las nuevas tecnologías cambian la forma en que los periodistas realizan su labor, las leyes en materia de medios informativos están siendo reexaminadas. Surgen ante todo preguntas como estas: ¿A los reporteros en línea se les deben otorgar los mismos derechos y garantías que a los periodistas que trabajan en organizaciones de noticias ya establecidas? ¿Se deben conceder esos mismos privilegios a los que publican blogs en Internet? Es probable que estas preguntas sigan sin ser respondidas por algún tiempo.
Es obvio que los reporteros están sujetos a otras leyes que se aplican a los individuos en un país determinado, como las referentes a la privacidad. Aunque el periodista desee tener acceso a la información, no puede allanar la propiedad privada, tomar documentos sin permiso o ejercer el espionaje telefónico sin que luego tenga que enfrentarse a consecuencias jurídicas. Una organización de noticias puede decidir que algunos reportajes son tan importantes que vale la pena arriesgarse a una sanción legal, pero esa es una cuestión diferente que debe ser decidida en forma conjunta y cuidadosa por editores, reporteros y jefes de información."
(La parte de ética periodística, donde he empezado, también es muy interesante)
Aunque imagino que basta con copyleft.
¿Se os ocurre alguna respuesta a esas preguntas?
